Mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para resolver uno de los procesos judiciales más trascendentales de la última década, la Sala de Casación Penal estrena liderazgo. Desde esta semana, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito asumió la presidencia de la Sala, una instancia que vuelve a concentrar la atención nacional por el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.Lea también: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el CaucaEl caso, que regresó recientemente al alto tribunal, marca el cierre de un largo recorrido judicial. Tras una condena en primera instancia en 2025 y una absolución posterior en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía y las víctimas activaron el recurso extraordinario de casación. Con ello, el proceso volvió a la Corte Suprema, donde se definirá si se mantiene o se revierte la absolución del exmandatario, investigado por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.En ese contexto, la elección de Solórzano Garavito como presidente de la Sala Penal cobra especial relevancia. El magistrado no solo coordinará el funcionamiento interno de la Sala durante 2026, sino que además es el ponente del proceso contra Uribe Vélez, lo que lo sitúa en el centro de una de las decisiones más sensibles del sistema judicial colombiano. Con más de tres décadas de ejercicio profesional, Solórzano Garavito ha desarrollado una carrera que combina la práctica jurídica con la academia y el servicio público. Su formación incluye estudios avanzados en Derecho Penal, ciencias criminológicas y técnicas de oralidad, tanto en Colombia como en el exterior. A lo largo de los años ha transitado por escenarios clave de la justicia, desde la defensoría pública hasta los tribunales superiores.Antes de llegar como magistrado titular a la Corte Suprema, tuvo experiencia como conjuez tanto en el Tribunal Superior de Bogotá como en la propia Sala de Casación Penal, un recorrido que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de la jurisdicción penal en distintos niveles. Ese trayecto se complementa con una amplia labor docente en universidades de Bogotá, donde ha impartido cátedras relacionadas con responsabilidad penal, prueba, derecho procesal y delitos imprudentes.La Sala Penal que ahora preside recibió hace pocos días las demandas de casación que buscan dejar sin efectos la decisión que absolvió al expresidente. Dichos recursos cuestionan el fallo de segunda instancia que, por mayoría, revocó la condena dictada por una jueza que le había impuesto una pena de prisión domiciliaria de 12 años al exmandatario.Así, el inicio del periodo de Solórzano Garavito al frente de la Sala de Casación Penal coincide con el tramo final de un proceso que ha marcado la agenda judicial del país durante casi diez años. Es importante resaltar que, como vicepresidente de la Sala Penal, quedó designado el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto.Le puede interesar: “No es una tercera instancia”: ¿Qué significa el recurso de casación, la última carta que podría reabrir el caso Uribe?

En medio de las dificultades financieras que atraviesan algunas EPS y hospitales del país por la falta de recursos, el gobierno del presidente Gustavo Petro destinó $1.680 millones a la compra de dos lanchas ambulancia para un municipio de La Guajira que no cuenta ni con mar ni con río; sin embargo, el gerente interventor justificó esta acción. El Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo —quien previamente había dicho que “los ricos también lloran” tras la denuncia del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, por la grave crisis de la salud—, fue partícipe de la entrega de esta “inversión” para el Hospital San José de Maicao, en medio de una agenda territorial que incluyó Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.Lea también: De “los ricos también lloran” al debate sobre el poderío del ministro de Salud y su familia: “Un clan que ha vivido del Estado”El objetivo de esta visita estuvo relacionado con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria de La Guajira, mediante destinación de recursos que pretenden “transformar la atención en salud y acercan los servicios a las comunidades”. También, se anunció la remodelación del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, el mejoramiento de cinco puestos de salud y el fortalecimiento de los servicios especializados. Estas obras cuentan con una inversión total de 90.000 millones de pesos, que incluye la adecuación integral de quirófanos, la dotación de equipos biomédicos y de imagenología, entre ellos rayos X fijo, mamógrafo y un tomógrafo axial computarizado, según el comunicado del Ministerio de Salud.Sin embargo, lo que llamó la atención fue la entrega de dos ambulancias marítimas y su dotación completa, con un costo de $1.680 millones para el Hospital San José de Maicao.Este municipio (Maicao) está ubicado en el corazón del desierto guajiro, cerca de la frontera con Venezuela. No tiene mar ni río, ya que la costa más cercana es el mar Caribe, ubicado a unos 70–80 km de Riohacha, que sí cuenta con playa y acceso marítimo.Lo más cercano a un sistema acuático en la región son los arroyos temporales que se forman en el municipio durante la temporada de lluvias, que ni siquiera son navegables. Estas lluvias son escasas, considerando que Maicao está situado en una zona desértica.Entérese: “Si me toca intervenirlo, lo intervengo”: ministro Jaramillo sube el tono y amenaza al Hospital Universitario de SantanderAunque con estas características geográficas las ambulancias marítimas parecen no tener utilidad, el gerente interventor del hospital de Maicao, Larry Laza, defendió esta medida como “una respuesta a una necesidad sentida del territorio”. El funcionario explicó en un diálogo con Blu Radio que con estas embarcaciones se busca “facilitar” el traslado de pacientes desde lugares como el corregimiento de Nazareth, en Uribia, a Maicao, que posee un centro de salud de mediana y alta complejidad y que en la región es el único con una unidad de alta dependencia obstétrica para atender a madres gestantes. Aunque este sería el fin de las ambulancias marítimas, trasladar un paciente desde este corregimiento de Uribia hasta Maicao seguiría siendo complejo, pues al no ver río navegable que conecte a los dos municipios, el paciente tendría que ser llevado por tierra desde el hospital de Nazareth hasta Puerto Estrella, donde allí entraría el servicio de la embarcación que transportaría al paciente hasta Puerto Bolívar. Una vez la embarcación llegue a Puerto Bolívar, en Uribia, la persona se trasladaría por carretera pavimentada en una ambulancia terrestre al Hospital San José de Maicao. Sólo este tramo podría demorar 2 horas. La dotación también incluye 11 ambulancias terrestres, con un costo de $2.976 millones, las cuales sí cumplirían con las necesidades del departamento, ya que están destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta y el traslado asistencial en zonas de difícil acceso.“A esto se suma la puesta en marcha de una nueva unidad renal, que permitirá atender a pacientes con enfermedad renal en el propio territorio, evitando traslados a otros municipios o departamentos y mejorando la oportunidad y continuidad del tratamiento. Esta unidad contó con una inversión de $888 millones, ejecutados con recursos propios de la E.S.E., otorgados por el Gobierno nacional, orientados a fortalecer el acceso oportuno y la calidad de los servicios de salud para la comunidad”, se lee en el comunicado del Ministerio.Desde el gobierno también anunciaron el recorrido por el Hospital de Manaure, una obra que registra un 97 % de avance y cuenta con una destinación de 35.298 millones de pesos. “La dotación completa del hospital, por un valor cercano a 5.000 millones de pesos, ya se encuentra viabilizada, lo que permitirá dejar totalmente equipada esta infraestructura y garantizar servicios de salud con calidad, oportunidad y dignidad para la población”, expresó Jaramillo.Siga leyendo: ¿Retaliación? SuperSalud inició auditoría al Hospital San Rafael tras choque entre su gerente y el ministro de SaludLa agenda concluyó en Uribia, donde el ministro anunció recursos por $5.893 millones para la adecuación y fortalecimiento de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, principal centro asistencial del municipio.Bloque de preguntas y respuestas

La defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, puso en marcha una nueva estrategia jurídica para buscar su libertad, en medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se trata de un recurso de hábeas corpus, con el que su abogado reclama que Ortiz permanece privada de la libertad pese a que el juicio en su contra aún no ha comenzado.El abogado Mauricio Camacho argumentó que la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación en julio de 2025, pero hasta el momento no se ha dado inicio a la etapa de juicio, lo que supone una superación de los términos legales que regula la detención preventiva. Bajo esa premisa,el recurso busca que un juez examine si la privación de la libertad sigue siendo legal y proporcional.La solicitud de habeas corpus pretende que el despacho judicial revise el cronograma de audiencias, entre otros componentes. La exfuncionaria fue trasladada a una guarnición militar por razones de seguridad, donde, de acuerdo con su defensa, ha mantenido una conducta adecuada y sin incidentes.Esta acción judicial se presenta luego de que, en diciembre pasado, a Sandra Ortiz le fue negadas dos solicitudes de libertad condicional. Una juez de Bogotá rechazó una petición de libertad por vencimiento de términos elevado por su equipo jurídico.En esa oportunidad, la juez 79 de control de garantías conclusiones que no se cumplieron los requisitos legales para conceder la libertad bajo esa figura. Según explicó, la ley exige que transcurran 240 días para que proceda el vencimiento de términos, plazo que aún no se ha completado en este caso. De acuerdo con el asunto oficial, que inició el 24 de enero, solo se habían cumplido158 días al momento de la decisión.Puede leer: Sandra Ortiz, la única mujer encarcelada por el caso UNGRD, denuncia sesgo y falta de garantías en el procesoSandra Ortiz fue Acusada formalmente por la Fiscalía en septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según el ente acusador, la exconsejera habría tenido un papel clave en la entrega de 4.000 millones de pesos en sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Nombre, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dentro de la trama de corrupción que salpicó a la UNGRD.Para la defensa, sin embargo, la falta de avance hacia el juicio vulnera los derechos fundamentales de Ortiz y convierte su detención en una medida desproporcionada. Con el hábeas corpus, el equipo jurídico espera que un juez evalúe si se han respetado las garantías procesales y determine si la exfuncionaria debe continuar privada de la libertad mientras el proceso sigue su curso.El caso de Sandra Ortiz se mantiene como uno de los expedientes más sensibles derivados del escándalo de la UNGRD, un proceso que sigue generando repercusiones políticas y judiciales, mientras avanzan las investigaciones contra otros exfuncionarios y congresistas señalados en la presunta red de corrupción.Lea también: Descubra los descuentos que tiene con El Colombiano

En redes sociales se hizo viral un video de 2012 en el que aparecen un grupo de indígenas en confrontación física con soldados del Ejército. En la grabación del portal Nariño Noticias se ve a Luis Alfredo Acosta Zapata, líder de la Guardia Indígena, diciéndole a un soldado que si “¿no le da vergüenza estar disparándole a inocentes? ¿no le da vergüenza defender un territorio que no le pertenece? ¿no le da vergüenza ser soldado?”, le dice frente a frente. El fragmento del video, que dura 38 segundos, también muestra a los indígenas rodeando a los soldados que están sentados en el piso de tierra. Varios de ellos fueron arrastrados, empujados y golpeados. Según ese medio local, los soldados hicieron disparos al aire para disuadir a los indígenas que reaccionaron tirándoles piedras y palos, pero no hubo heridos.Además del video y la imagen viral, este diario encontró registros de ese enfrentamiento en varios portales, pero se destaca un reportaje del medio National Post titulado “El momento en que los indígenas nasa arrastran a los soldados colombianos desde la cima de una colina”.Le recomendamos leer: Nuevo ministro de Igualdad será Alfredo Acosta, líder de la guardia indígena: es bachiller y sin experiencia en lo públicoLas fotografías de William Martínez (AP) y Luis Robayo (AFP) son impresionantes pues se ve el sufrimiento de los soldados en medio del linchamiento. Otros medios dicen que los soldados estaban en medio de un operativo contra la entonces guerrilla de las Farc en esa zona, pero que Acosta fue quien motivó a maltratar y expulsar al Ejército. Para ese entonces, si bien la guerrilla de las Farc empezaba una etapa temprana de negociación con el gobierno Santos, en el territorio se mantenían los enfrentamientos con la fuerza pública. Le puede interesar: A Petro no le dura su mano derecha en Presidencia y ya va por el sexto: líos y polémicas de los directores del DapreLa zona alrededor de Toribío en ese entonces, y aún hoy, es uno de los puntos críticos del conflicto armado, sobre todo porque es uno de los corredores desde donde sale la cocaína de los laboratorios que tienen los grupos armados en el departamento del Cauca.EL COLOMBIANO buscó al ministro Acosta para incluir su versión sobre estos hechos, pero no ha respondido. Desde que se conoció su nombramiento hace un par de días ha generado polémica su perfil, no porque sea indígena o líder de la Guardia Indígena, sino porque no cumple los requisitos para ocupar ese cargo: es bachiller y no tiene experiencia en el sector público.En su experiencia profesional únicamente acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC).En su paso por la ONIC, Acosta participó en varias manifestaciones de la Minga a nivel nacional; y también hizo parte del grupo de búsqueda de los 4 niños que desaparecieron en la selva de Guaviare tras un accidente aéreo.Lea aquí: Nexos entre el Gobierno y la U. San José detrás de títulos exprés de la secretaria de PetroEn cuanto a las críticas, la congresista Katherine Miranda aseguró que el nombramiento de Acosta no sería inclusión, sino “desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, y agregó que “un ministerio no se improvisa”.Y es que el Ministerio de la Igualdad es una de las carteras con más problemas actualmente. Para Miranda y otros sectores de la opinión política y ciudadana, la falta de experiencia de Acosta en el sector público es un error garrafal.Para hacer un recuento corto sobre el ministerio: su continuidad está en veremos; la ejecución del presupuesto es casi nula; hay demandas en su contra por faltas de pagos y denuncias por presunto acoso y maltrato laboral en los pasillos de la entidad, además de presuntos actos de corrupción.Lea también: MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones Bloque de preguntas y respuestas

En los pasillos de la Casa de Nariño no muchos ostentan el privilegio de ser la verdadera mano “mano derecha” del presidente Gustavo Petro. Es decir, no los que el país conoce como los cuestionados Armando Benedetti, Laura Sarabia, Angie Rodríguez o el prófugo Carlos Ramón González. Sino la mano derecha en la práctica, en el día a día, la que le toma los apuntes, le organiza la agenda y escucha conversaciones privadas. Estamos hablando de su secretaria privada: Nelfy Melo Morales, conocida por los funcionarios como “Nelfita”.Resulta que ni la secretaria de Petro se salva de un escándalo pues según reveló Cambio, la funcionaria del despacho presidencial obtuvo tres títulos académicos el mismo día en la cuestionada Fundación Universitaria San José.Le puede interesar: ¡Qué tal! Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José.EL COLOMBIANO accedió a los documentos en donde queda registrado que Melo Morales recibió el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por esa institución. En una sola jornada figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial.Los tres diplomas y las actas de grado comparten la misma fecha de expedición, el mismo número de acta general de graduación.En los registros públicos de su hoja de vida figuran esos tres diplomas otorgados y consta que Melo llegó al despacho de la Presidencia de la República el 7 de septiembre de 2022, fecha desde la cual ejerce funciones como secretaria.Antes de ocupar ese cargo, su experiencia laboral incluye funciones como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas. Se trata de responsabilidades que guardan relación directa con las áreas de formación que, según la documentación conocida, habría acreditado con títulos expedidos en una misma fecha. Tres títulos en tres semestresLo presuntamente irregular no tiene ver solo con el número de títulos otorgado, algo que de entrada genera suspicacia, sino el tiempo en el que los realizó pues Melo se convirtió en profesional de dos carreras y al mismo tiempo tecnóloga en tres semestres.Como si fuera poco, presentó la prueba Saber Pro, que es un requisito para graduarse, nueve días después de esa ceremonia. A esas dos irregularidades se suma el hecho de que Melo empezó a estudiar justo cuando empezó el Gobierno, como hicieron otros cercanos al petrismo que acudieron a esa institución para agilizar su proceso educativo.El elemento en común es que el rector de la Fundación Universitaria San José —y hoy “solo” representante legal después de los escándalos— era Francisco Pareja (ver foto), un viejo aliado del ministro del Interior Armando Benedetti. Ambos compartieron, años atrás, campañas políticas y apoyaron mutuamente en sus aspiraciones al Congreso. No es casual la conexión.“El cartel de los diplomas”El caso de Melo Morales se conoce luego de que saliera a la luz una denuncia de la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, en la que expuso la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la U. San José. Según la congresista, los beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.Según Juvinao, el equipo que adelantó la verificación identificó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación detectó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.En la segunda modalidad, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.Incluso, revelaron el caso de un funcionario de la Dian que obtuvo cuatro títulos en un día y que tras ser cuestionado por esa anomalía se defendió diciendo que lo criticaban “como estudiar fuera un delito ahora”.La Fundación San José ya venía siendo cuestionada por situaciones similares. El caso tomó relevancia pública meses atrás, cuando se conoció una presunta falsa titulación relacionada con Juliana Guerrero, en medio de su postulación al cargo de viceministra de Juventudes. A partir de ese episodio comenzaron a salir a la luz más casos que hoy tienen a la institución en el centro de un debate nacional.Todo esto expone las conexiones de un entramado mayor. Pues Guerrero fue jefe de gabinete de Benedetti. “A Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, en los últimos 5 años, no lo he visto, no me he tomado un tinto ni he hablado por teléfono con él ni con nadie de la Fundación”, se defendió el ministro en en las últimas horas.Puede leer: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?Facturas en la DianPor su parte, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que la Fundación Universitaria San José reportó ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Juliana Guerrero, pese a que la propia institución ha sostenido que ella nunca cursó estudios allí.El hallazgo muestra, además, que los pagos consignados a nombre de Guerrero se realizaron después de la fecha en la que, según los diplomas, ya se había graduado.Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas después. Una de ellas, del 28 de julio de 2025, corresponde a un pago por un millón de pesos por concepto de derechos de grado en Contaduría. Amplíe la noticia: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José¿Qué sigue?Según fuentes en Palacio que hablaron con este diario bajo reserva, este nuevo escándalo, en el que vuelve a aparecer la Fundación Universitaria San José y ahora involucra a la secretaria del presidente, generó “mucho malestar en la cúpula” de la administración.Si bien desde la Casa de Nariño se ha intentado encuadrar estos cuestionamientos como críticas que apelan a un supuesto clasismo, el creciente cúmulo de señalamientos contra la U. San José y los cada vez más evidentes casos de expedición o presunta “compra” de títulos exprés, no han caído bien en el despacho del presidente Petro.Lea más: “Tramposa”: critican a Juliana Guerrero, que busca desmarcarse del Pacto Histórico y aspiraría a la Gobernación del CesarDe acuerdo con fuentes, el mandatario habría solicitado que se investigue a fondo lo que está ocurriendo en esta institución de educación superior.De manera coincidente, dos fuentes distintas señalaron que en ningún momento el jefe de Estado ha dado una instrucción explícita para que funcionarios “fueran a graduarse en la San José” con el fin de obtener títulos de manera gratuita o expedita. Estos movimientos se habrían dado, más bien, por gestiones promovidas desde círculos cercanos al mandatario.La caja de Pandora, al parecer, ya ha sido abierta. El entramado alrededor de la Fundación San José seguirá creciendo. La pregunta que queda en el aire es qué imagen le deja al llamado Gobierno del Cambio una sucesión de escándalos relacionados con certificados educativos falsos o acelerados, especialmente en una administración que en campaña había reivindicado la meritocracia y el conocimiento como pilares del servicio público.Bloque de preguntas y respuestasPara leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, fue la frase que dijo el presidente Daniel Noboa cuando anunció este miércoles, en horas de la tarde, que impondría una tasa del 30% a las importaciones colombianas. Así, un conflicto político y de seguridad terminó teniendo consecuencias económicas. Pero ¿qué pasa en la frontera?Hijo 586 kilómetros compartidos entre ambas naciones. Es una de las fronteras más cortas de Colombia, ubicándose únicamente tras Panamá, con quienes compartimos apenas 266 kilómetros. Sin embargo, aquel espacio ha sido suficiente para crear rencillas.Los departamentos que colindan con Ecuador son Nariño y Putumayo: dos regiones que viven en carne propia y en primera fila las acciones y consecuencias del actuar ilícito de varios grupos armados. Así lo señalan recientes alertas de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y Human Rights Watch (HRW).En septiembre, la violencia recrudeció, sobre todo en el municipio costero de El Charco, en el Pacífico nariñense. Allí, en menos de un mes, 1.900 familias tuvieron que huir del territorio en medio de enfrentamientos por tierras, minería ilegal, contrabando y control de cultivos ilícitos.Aquello ya había sido advertido en 2024 por la Defensoría del Pueblo, ente que emitió una alerta temprana sobre la situación. Mientras tanto, quienes se quedaron en el territorio lo hicieron en medio del control y del miedo.“Hay viviendas y escuelas ocupadas por actores armados, lo que implica una transformación total de la cotidianidad de la comunidad además de que es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. La crisis se agrava por la falta de acceso a servicios esenciales: la violencia ha interrumpido suministro de agua, salud y educación, mientras que la comunicación quedó seriamente limitada por el aislamiento de la zona”, narra el último informe de Pares, donde registraron testimonios que datan la situación en El Charco.La situación es tan crítica que se han reportado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública que duran varios días. La misma situación se presenta en otros municipios nariñenses como El Peñol, donde localizaron una motocicleta bomba cerca de pasos que utilizan el Ejército Nacional.Y aunque El Charco no queda cerca a la frontera, las olas migratorias se han dirigido, en parte, hacia allí. Las familias que deben huir de la violencia acuden a otras ciudades del departamento, como Ipiales, justo al lado de Ecuador. Allí, el municipio enfrenta otros retos, como el tráfico de armas con destino a la frontera, el tráfico de drogas y el tráfico de personas.Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2025, la Policía de Ipiales —con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USS)— capturó en flagrancia a un hombre en el sector de Rumichaca, zona del municipio urbano de Ipiales (Nariño), por los delitos de falsificación de moneda o extranjero y tráfico, elaboración nacional y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.Durante el procedimiento se logró la incautación de 754.700 dólares estadounidenses falsos, cuyo destino final era la ciudad de Quito (Ecuador), donde pretendían ser introducidos en el sistema financiero.Sin embargo,el casco urbano de Ipiales no es el único afectado por la delincuencia. En zonas rurales aledañas, el grupo armado conocido como “Comuneros del Sur” no ha dado tregua, a pesar de encontrarse inmerso en el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional.La mesa de conversación con ellos aún sobrevive, pero el 22 de septiembre, en la zona rural de Cumbal (Nariño), el Ejército Nacional tuvo que iniciar un operativo en su contra. Y es que, según los reportes, el grupo ilegal estaba intimidando a las comunidades indígenas de la frontera, además de adelantar actividades relacionadas con la minería ilegal, tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro.Como resultado de aquel operativo no se reportaron miembros de la fuerza pública heridos. Además, las autoridades incautaron armas y equipos de comunicación y capturaron a 4 personas.En aquella ocasión, el teniente coronel Alexandre Da Silveira, comandante del grupo Mecanizado N° 3 General José María Cabal de Ipiales resaltó que los operativos se llevaban a cabo con ayuda de Ecuador, con una estrategia que denominó “espejo”."Son operaciones que venimos avanzando en la zona fronteriza. Esto fue una operación coordinada con el Ejército del Ecuador dentro del marco de cooperación nacional en seguridad, es una operación conjunta o tipo espejo, donde veníamos haciendo seguimiento a esta estructura", explicó.La lista de casos es larguísima, e involucra no solo a miembros de los grupos ilegales, sino también a civiles y autoridades.Solo en 2025, en Ipiales, cinco policías fueron capturados para colaborar con una red de trata de migrantes entre Ecuador y Colombia. Además, el 11 de septiembre, un grupo de civiles ejecutó un intento de asonada contra policías que intentaban hacer operativos anticontrabando, también en Ipiales.En la zona se ha registrado la presencia de grupos como Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencias de Iván Mordisco, ELN, Autodefensas Unidas de Nariño y Comandos de la Frontera, un grupo armado que también tiene amplia influencia en el Putumayo.Le puede interesar: Nexos entre el Gobierno y la U. San José detrás de títulos exprés de la secretaria de PetroDistintos líderes de Putumayo han pedido lo mismo durante meses: quieren que pare la violencia en contra de la Fuerza Pública del departamento.En septiembre, dos uniformados fueron rociados con gasolina y prendidos fuego en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón. El subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz participaban en la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína cuando aproximadamente quince personas los rodearon. El ataque dejó al subteniente con quemaduras en el 75% de su cuerpo y al soldado con lesiones en el 30%, lo que motivó su traslado inicial a Florencia (Caquetá) y posteriormente al Hospital Militar de Bogotá.Lea también: Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, rechazó categóricamente las acusaciones sobre una presunta participación o presión política en la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del proceso judicial por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Días atrás, Rodríguez señaló directamente a Idárraga de utilizar su influencia para afectar su situación judicial, pues la supuesta injerencia se habría canalizado a través de la esposa de Idárraga, Andrea del Pilar Verdugo, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos en la Fiscalía General de la Nación hasta su renuncia el pasado 20 de enero. Lea también: Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la FiscalíaAnte esta situación, el ministro de Justicia (e) enfatizó que cualquier señalamiento de interferencia es una “falta de respeto” hacia la fiscal general y los fiscales del caso. “Es evidente que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía, eso me parece entrar a una falta de respeto con la señora fiscal y con los fiscales que llevan los casos. Somos respetuosos de la independencia judicial, de la división de poderes, y lo que decide la Fiscalía lo decide de manera autónoma y en el marco de sus propias decisiones”, declaró Idárraga a la prensa a la salida de un evento en Cali. “Vamos a hacer una reunión con el director Augusto, porque creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña, entonces vamos a resolverlo internamente”, anunció el ministro refiriéndose a Rodríguez. La polémica inició días atrás cuando el ente acusador había anunciado inicialmente que imputaría a Augusto Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. La tesis de la Fiscalía sostenía que Rodríguez no atendió oportunamente al menos 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel Uribe, quien contaba con un esquema de seguridad precario el día del atentado sicarial en su contra en Bogotá. No obstante, apenas horas después del anuncio, la Fiscalía reversó la decisión, argumentando que la fiscal encargada no tenía la competencia para adelantar dicho trámite, lo que dejó el proceso temporalmente sin efecto para evitar nulidades futuras. Respecto a esos señalamientos, Rodríguez ha negado la existencia de tales solicitudes y afirmó que la UNP entregó oportunamente todos los archivos relacionados con la protección de Uribe. Sin embargo, el funcionario reconoció en declaraciones previas que hubo una “insuficiencia” en el número de escoltas asignados al líder opositor el día de su muerte. Siga leyendo: ¿Por qué Augusto Rodríguez señala al ministro Idárraga por la imputación en su contra? Esto dijoHasta el momento, la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe ha vinculado a 10 personas, incluyendo al adolescente que disparó el arma y otros implicados identificados como parte de la estructura criminal. Bloque de preguntas y respuestas

La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia dio un nuevo salto este jueves, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas. La medida fue respondida casi de inmediato por el Gobierno de Gustavo Petro, que suspendió de forma temporal la venta de energía eléctrica a Ecuador y anunció un gravamen aduanero del 30 % a los productos ecuatorianos, en una señal clara de escalamiento del conflicto.Ecuador sostiene que las medidas adoptadas buscan proteger su frontera en un momento en el que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con organizaciones criminales que han convertido su territorio en un punto clave para la salida de droga hacia el Pacífico. El cruce de sanciones comerciales y energéticas se produce en un contexto de relación bilateral deteriorada, marcada por desacuerdos en materia de seguridad fronteriza, control del narcotráfico y tratamiento migratorio a ciudadanos colombianos en territorio ecuatoriano. No obstante, en el trasfondo del conflicto hay un ingrediente político y diplomático que sigue incomodando a Noboa, y es la postura del presidente Gustavo Petro frente al caso de Jorge Glas. Un día antes de que Ecuador anunciara la imposición del arancel, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un llamado público a la liberación de Glas, ex vicepresidente de Ecuador condenado por casos de corrupción y actualmente recluido en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena. En su mensaje, Petro presentó a Glas como ciudadano colombiano, y sostuvo que su estado físico evidencia afectaciones asociadas a lo que describió como “tortura psicológica”, comparando su situación con la de presos políticos en Venezuela y Nicaragua y argumentando que debía ser liberado. Esta intervención coincidente en tiempo con las medidas comerciales adoptadas por Noboa añade un elemento diplomático de tensión.Críticos coinciden en que la relación con Colombia comenzó a resentirse con mayor fuerza en el plano político. En particular, por la insistencia del gobierno Petro en el caso de Jorge Glas. Aunque no ha sido el detonante inmediato del choque comercial, su nombre aparece de manera recurrente en el intercambio diplomático entre ambos países.Jorge Glas cumple una condena en prisión tras ser hallado responsable del delito de peculado, en un proceso judicial relacionado con el manejo de recursos públicos destinados a la reconstrucción posterior al terremoto de 2016, que devastó las provincias de Manabí y Esmeraldas. La justicia ecuatoriana concluyó que, como responsable de un comité encargado de esas obras, Glas participó en el uso irregular de fondos estatales.Para el Gobierno ecuatoriano, se trata de una sentencia firme y de un caso estrictamente judicial. Para Petro, en cambio, Glas ha sido presentado como un preso político, una lectura que ha generado fricción constante. A esa diferencia se sumó la decisión de Colombia de otorgarle la ciudadanía. Una determinación que fue anunciada públicamente por el presidente Petro el 16 de septiembre pasado mediante un mensaje difundido en redes sociales. En esa comunicación, el mandatario informó que su administración había otorgado la ciudadanía colombiana al exvicepresidente ecuatoriano, quien ocupó ese cargo durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.“El ciudadano Jorge Glass (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones”, escribió Petro. Más tarde el trino fue eliminado.La decisión provocó una reacción inmediata. La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que dejó claro que la nueva nacionalidad no modifica el estatus legal de Glas en su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores recalcó que, pese a contar con otra ciudadanía, Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano y que los procesos judiciales en su contra continúan plenamente vigentes. Entérese: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianosEl interés del presidente Gustavo Petro en el caso de Jorge Glas tiene un trasfondo político e ideológico. Glas se convirtió en una figura simbólica del correísmo, al ser el último dirigente de alto nivel de ese movimiento que permanece en prisión, lo que para sus seguidores lo representa como un emblema de persecución política. Petro, ha manifestado en distintas ocasiones su cercanía política con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, con quien comparte afinidades ideológicas y una visión crítica sobre los procesos judiciales contra exdirigentes de izquierda en la región. Esa coincidencia explica, en buena parte, la atención constante que el mandatario colombiano ha puesto sobre la situación judicial de Glas.En paralelo, Ecuador ha endurecido su postura frente a Colombia con deportaciones de ciudadanos colombianos, mayores controles en la frontera y reclamos por una supuesta falta de cooperación en seguridad. Colombia, por su parte, cuestiona el manejo ecuatoriano del tema migratorio y se defiende el derecho a responder a decisiones comerciales que afectan directamente a productores colombianos.El resultado es un choque abierto, con consecuencias económicas inmediatas y un trasfondo diplomático cada vez más complejo. Mientras los gobiernos cruzan medidas de presión, el caso de Jorge Glas permanece como un factor de tensión latente, que no explica por sí solo la crisis, pero sí añade una carga política que dificulta cualquier intento de distensión entre dos países históricamente aliados.

A contramano de la relativa estabilidad y cohesión que suele acompañar el ocaso de un mandato —periodo natural para finiquitar metas y proyectos—, el gobierno de Gustavo Petro encara su recta final sumido en un desbarajuste administrativo. Lo que en los pasillos de la Casa de Nariño se lee como “lealtad popular”, hacia afuera se percibe como una desarticulación técnica con visos de desdén por la institucionalidad. Dos hechos conocidos esta semana confirman la tendencia: el nombramiento de un bachiller para manejar un presupuesto billonario y la eliminación de la barrera del idioma en la diplomacia.Le puede interesar: ¿Austeridad selectiva y en elecciones? Gobierno Petro bajó el salario de los congresistas, pero no para los actuales legisladores.La controversia más aguda recae sobre Alfredo Acosta Zapata, líder indígena designado para liderar el Ministerio de la Igualdad, una cartera que, pese a su joven creación, ha estado en el ojo del huracán por su baja ejecución. El despacho, que el año pasado administró un presupuesto de $1,29 billones, vuelve a ser cuestionado por la idoneidad de su cabeza. Según la hoja de vida cargada en el portal de aspirantes de la Presidencia, Acosta no cuenta con títulos universitarios ni experiencia previa en la administración pública. Su trayectoria se reduce a su paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).La llegada de Acosta se produce tras la salida de Juan Carlos Florián, quien ya había generado ampolla por su nula experiencia en el sector y su pasado como creador de contenido para adultos. No obstante, el caso de Acosta escala la preocupación: se trata de entregar la chequera de la equidad social a alguien que nunca ha gestionado recursos estatales.“Es un mensaje devastador para la meritocracia. El señor acredita únicamente el bachillerato. No tiene estudios técnicos ni universitarios y, lo que es peor, no ha manejado un peso del erario ni ha diseñado una política pública en su vida”, denunció la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) fue más tajante: “Aquí no se premia el mérito, sino la ideología. Es el desmantelamiento de la capacidad técnica del Estado”.Mientras Igualdad lidia con sus nombramientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores sacudió al cuerpo diplomático al modificar su Manual de Funciones. La nueva normativa suprime la obligatoriedad de que los embajadores hablen y escriban inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones Unidas. Esta decisión no es aislada; responde a la dificultad del Ejecutivo para ubicar a aliados políticos que no cumplen con los estándares históricos de la carrera consular.Para Camilo Reyes, excanciller con más de tres décadas de experiencia, la medida es un retroceso histórico. “Es un insulto a los funcionarios que dedican su vida a estudiar y concursar. Ahora una persona sin título y sin idiomas podrá representar al país, creando un abismo de privilegios entre quienes deben cumplir la ley y quienes entran por amistad presidencial”, declaró Reyes a este diario.Además, la medida tiene un impacto fiscal indirecto: el Estado deberá engrosar la nómina de traductores y asesores de apoyo para cubrir las deficiencias de comunicación de sus propios embajadores en plazas estratégicas como Washington, Londres o Ginebra.El panorama se torna más oscuro al revisar las cifras de ejecución. Diversos informes de seguimiento presupuestal señalan que carteras críticas, como Igualdad y Vivienda, han mostrado niveles de gasto históricamente bajos, lo que expertos atribuyen a la curva de aprendizaje de funcionarios sin formación técnica. La improvisación en los nombramientos se traduce en proyectos estancados y recursos que se quedan en el papel mientras las comunidades esperan soluciones.A esto se suma la tensión interna. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, el clima es de zozobra. Persisten los rumores sobre la presunta negativa de visa estadounidense a la canciller Rosa Villavicencio. De confirmarse, la ministra no podría acompañar al presidente Petro en su cita clave con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, un golpe simbólico y político de proporciones mayores para la política exterior colombiana.Incluso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que el jefe de Estado habría pedido la renuncia del vicecanciller Mauricio Jaramillo. Consultado por EL COLOMBIANO, Jaramillo fue escueto: “No me han pedido la renuncia”. Sin embargo, al ser interrogado sobre el estatus migratorio de Villavicencio y la estabilidad de la cúpula diplomática, prefirió el silencio.El “Gobierno del Cambio” parece estar cerrando su ciclo traicionando una de sus promesas centrales: la dignificación de lo público. En lugar de un Estado robustecido por expertos, lo que se observa es una estructura que se flexibiliza para acomodar intereses políticos.Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Andrés Forero, cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, es uno de los legisladores más destacados del Congreso actual. Su partido lo escogió como cabeza por su trabajo juicioso de control político al Gobierno Petro; se ha concentrado en la vigilancia al sistema de salud impulsado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sus denuncias han revelado excesos del Ejecutivo con el presupuesto y la arbitrariedad de varias decisiones. EL COLOMBIANO habló con Forero sobre su campaña y el apoyo a Paloma Valencia. Pero también, por supuesto, sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, su coequipero. Andrés Forero, bienvenido a Medellín y a EL COLOMBIANO.“Muchas gracias. Un saludo. Me siento muy contento aquí en Medellín. Te lo comentaba fuera de micrófonos”.Que es paisa... “No soy paisa, pero tengo mamá paisa y estoy casado con una antioqueña. Siempre que vengo a Medellín me siento como en casa”.Aunque usted nació en Bogotá. “Sí, nací en Bogotá, pero luego viví 16 años en Chile”. Bastante tiempo...“Nos fuimos con mi familia cuando yo era niño. Mi papá es empresario y fue amenazado en los años noventa, así que tuvimos que salir del país. Estudié el colegio y la universidad en Chile. A pesar de esos años, no se me pegó el acento. Tengo una mezcla: mamá y esposa antioqueñas, soy bogotano, mi papá es de la Sabana y viví mucho tiempo en Chile. A veces la gente no sabe bien qué acento tengo”.Bienvenido entonces al club. Hay una faceta suya que no todos conocen y es que fue muy cercano a Miguel Uribe, trabajó políticamente con él y hoy es cabeza de lista al Senado, el cargo que él ocupaba antes de ser asesinado. ¿Qué sentimiento le produce asumir hoy ese lugar?“Teníamos una relación muy cercana. Lo conocí en 2015, cuando él era secretario de Gobierno y yo concejal. Al comienzo tuvimos roces, pero desde entonces nos hicimos amigos. Lo acompañé en su aspiración a la Alcaldía y donde más nos acercamos fue en la campaña a la Cámara y al Senado, cuando lideró la lista del Centro Democrático en un momento muy difícil para el país. La relación política trascendió a lo personal: nuestros hijos son casi de la misma edad y nuestras esposas también se volvieron muy cercanas. Lo que pasó nos golpeó muy duro. Durante mucho tiempo sentimos que el tiempo se detuvo. Era un hombre joven, con mucha vitalidad”.¿No le da susto hacer esta campaña? Usted ha tomado posiciones duras desde la oposición. “Claro que da susto. Tengo dos hijos pequeños y esposa, y después de lo que pasó con Miguel, ella me pidió que dejáramos la política. Pero esto es vocación. Le dije que me daría vergüenza mirarme al espejo si daba un paso al costado tras lo ocurrido. Ser cabeza de lista es un honor y una gran responsabilidad, más sabiendo que Miguel lo fue hace cuatro años. Siento que el partido también le rindió un reconocimiento por nuestra cercanía política y personal. Nos unían muchas cosas y teníamos casi la misma edad: él habría cumplido 40 años el 28 de enero y yo cumpliré 41 el 28 de abril. Miguel era un político muy completo, capaz de hacer política de calle y participar en espacios académicos el mismo día. Es irreemplazable, pero desde el Centro Democrático debemos seguir defendiendo las ideas, principios y valores por los que dio su vida”.Lo siente como un homenaje del partido a Miguel Uribe.“Así lo siento yo. Hay otros factores, claro. Soy fundador del partido, fui concejal y representante a la Cámara, y en este periodo creo que el país y el partido han reconocido el trabajo que he hecho en la Comisión Séptima Constitucional”.Usted era la fórmula de Miguel Uribe para el Senado. ¿Lo habría sido si él hubiera llegado al Senado?“Estoy seguro de que, si Miguel hubiera seguido vivo, si no nos lo hubiera arrebatado esta violencia insensata y la falta de compromiso del Gobierno con la seguridad, la historia habría sido distinta”. ¿Cree que debieron imputar al director de la UNP?“No es lo que yo crea, fue lo que consideró una fiscal. Ella decidió que debía imputarse porque había por lo menos un prevaricato por omisión, por la presunta negación de algunas solicitudes de ampliación del esquema de Miguel y, ante una situación tan grave, lo lógico habría sido la renuncia. Eso afecta nuestras condiciones de seguridad, porque la persona encargada de protegernos iba a ser imputada. En lugar de ese desenlace, la Fiscalía terminó reculando. Yo no me atrevo a asignar una responsabilidad directa, pero sí puedo referirme a lo que planteó la fiscal sobre el señor Rodríguez. También puedo decir que el Presidente de la República (Gustavo Petro) nos ha estigmatizado y maltratado de manera permanente. Con Miguel se ensañó particularmente y, tristemente, eso terminó desembocando en su asesinato”.Quiero preguntarle por un tema puntual: la salud. Usted ha sido una de las voces más fuertes frente a la gestión del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Qué daño le ha hecho al país el manejo de la salud en este Gobierno? “El daño al sistema de salud ha sido grande y profundo, y revertirlo tomará tiempo. Aunque no era perfecto, fue el mayor avance social del país en los últimos 30 años y permitió que Colombia tuviera algunos de los mejores hospitales de América Latina. Hubo abusos en algunas EPS, pero otras funcionaban bien, incluso Nueva EPS antes de la intervención. Hoy el Gobierno ha antepuesto su ideología a la salud de los pacientes”. Es decir, la salud de más de la mitad de los colombianos depende hoy del Gobierno. “Casi toda la atención depende exclusivamente del Gobierno. Hospitales públicos como el San Rafael de Itagüí no reciben pagos oportunos de EPS intervenidas como Nueva EPS y Savia Salud. En el Instituto Cancerológico, tras la intervención de una EPS en abril de 2024, la cartera vencida pasó de cerca de cinco mil millones a diecinueve mil millones de pesos. La situación es grave: clínicas como la Shaio han tenido que cerrar servicios, los pacientes están afectados y las instituciones de salud piden embargos para poder recibir pagos, mientras el Gobierno usa esto como excusa para explicar la falta de recursos incluso a los médicos”. Usted ha denunciado casos puntuales, como el de Famisanar, donde se ordenó un aumento salarial superior al 20 % para todos los empleados, no solo para quienes ganan salario mínimo...“Exactamente. Antes había problemas en el sistema, pero ahora se han agravado. El ministro dice que la plata es suficiente, pero el Gobierno controla las EPS y aun así los recursos no alcanzan. Se dijo que con este Gobierno disminuirían las tutelas, pero en Nueva EPS se han duplicado. Lo más grave es que ahora se desacatan de forma abierta. El actual superintendente de Salud, Bernardo Camacho, tiene diez órdenes de arresto por desacato a fallos de tutela”.Y él fue interventor de Nueva EPS...“Sí, y no ha cumplido ninguna de esas órdenes. Intenté llevarlo al Congreso cuando era interventor, pero no fue posible. Sabía que si ponía un pie allí probablemente terminaría en la cárcel. Sobre Famisanar, publiqué una circular que me llegó de personas preocupadas por la sostenibilidad de la EPS y por los pacientes. Allí se anunciaba un aumento del 23 % para todos los trabajadores. Tras la denuncia, al parecer están tratando de reversar esa decisión”. Ojalá que al menos sirvan las denuncias.“Eso esperamos. Antes había información pública sobre cuánto se pagaba a cada trabajador y hoy ya no se puede consultar. Además, es muy grave el modus operandi del Gobierno: cambia continuamente de interventores”.¿A qué se refiere?“Por ejemplo, una EPS lleva casi dos años intervenida y ya ha tenido cuatro interventores. Ninguna empresa puede funcionar bien con esa discontinuidad administrativa. En Nueva EPS lo hemos visto, y en Famisanar también. El último interventor de Famisanar, de apellido Gallo, fue nombrado el 15 de noviembre. En mes y medio contrató a 75 personas, con un costo mensual de 700 millones de pesos. Encontré casos como el de un bachiller con un salario de 28 millones de pesos”. Se gasta la plata en burocracia y no en los pacientes.“Exactamente. Había sueldos de 40 millones y cargos creados sin sentido, como un ‘internacionalista’ en una EPS. Mientras tanto, no se atiende a los pacientes. Ese mismo día recibí denuncias de pacientes con esclerosis múltiple: 37 personas llevaban desde octubre sin recibir medicamentos. Por eso digo que no son ‘los ricos los que lloran’. Mientras los pacientes sufren, el ministro está más interesado en la burocracia. Este es un Ministerio que gasta más y hace menos”. Hay un “hueco negro” alrededor de los llamados equipos básicos de salud. Es un modelo que Petro ya había impulsado en Bogotá y que, según sociedades científicas, ha costado cerca de cuatro billones de pesos. ¿Qué pasó con esos recursos y con ese programa?“En una denuncia con corte a diciembre de 2024 pedí al Ministerio el detalle de 1,6 billones de pesos girados a entes territoriales desde 2022. Solo reportaron gastos por 317 mil millones, lo que deja cerca de cuatro de cada cinco pesos sin claridad sobre su destino. Y en lo identificado aparecían gastos innecesarios como papelería, chalecos y cachuchas”.Lea aquí: Que no quede impune el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ¿Propaganda, como ocurrió en Bogotá con el reparto del periódico de la Alcaldía?“Exactamente. En algún hospital público incluso compraron un dron, seguramente para publicidad o propaganda. También encontré que cerca de 40 mil millones de pesos de esos 317 mil millones estaban relacionados con combustible. Si a uno le preguntan si se debe hacer prevención en salud, claro que sí, pero de manera racional y usando las tecnologías que hoy existen. El Gobierno lo que está buscando es crear empleo militante. Mientras los pacientes se están muriendo, vemos cómo se contratan ejércitos electorales para favorecer al Gobierno o a sus aliados políticos”.¿Existe una dualidad en la base del Centro Democrático entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella?“Sí, hay personas en el partido que sienten afinidad con Abelardo. El presidente Uribe ha dicho que para derrotar la continuidad de Gustavo Petro no hay que vetar a nadie. Inicialmente se habló de una consulta amplia, desde Abelardo hasta Fajardo, pero eso no se dio. Yo prefiero hablar bien de nuestra candidata, Paloma Valencia. Ha sido una gran congresista; a mi juicio, la mejor senadora de este periodo. Muchas de sus denuncias han logrado tumbar decretos y nombramientos del Gobierno. Es una mujer convocante, rigurosa, estudiosa y muy buena oradora. Espero que siga creciendo, gane la consulta y, ojalá, la primera vuelta”.¿Usted está con Paloma o con Abelardo? “Yo estoy con Paloma. Soy hombre de partido. Estuve con Miguel Uribe Turbay hasta el final, con la ilusión de que se recuperara. Luego de todo lo que pasó, seguí acompañando por solidaridad, pero hoy mi respaldo es para Paloma, a quien le reconozco una gran trayectoria y capacidad. Yo tenía esa ilusión y pues hubo algunas señales hasta donde yo entendía, hasta lo que yo conocí que nos hacían abrigar esa esperanza. Entonces yo estuve con Miguel hasta el final”.¿Señales?“De cosas que él, por ejemplo, pudo abrir los ojos en un momento, que lo que nos decían es que a veces apretaba la mano, que podía mantener el cuello erguido, eran cosas que en general me explicaron a mí. No sé si sea cierto o no, por eso lo digo y pues todos nos tratábamos de aferrar a esa esperanza. Él tenía la capacidad de mantener el cuello y que decían algunos que personas que habían sufrido traumas similares se demoraban más tiempo en poder hacer algo así. Entonces, pues yo estaba con Miguel, estuve con él hasta el final”.Le puede interesar: A juicio Cristian González, otro implicado en el magnicidio del senador Miguel Uribe Pero esa especie de dualidad del expresidente Álvaro Uribe, y del partido mismo, de que está con Paloma pero también podría estar con Abelardo en este momento de la carrera, ¿no cree que le resta? “A ver, yo creo que en general quienes hacemos parte de las listas al Congreso, o sea quienes estamos en el Congreso, quienes están en el Consejo, etcétera, pues estamos con Paloma por convicción”. Lo que pasa es que cuántos votos va a sacar Paloma. ¿O cuántos votos van a sacar en la Gran Consulta?“No me atrevo a decir. Yo espero que Paloma saque por lo menos un millón quinientos mil votos, ojalá dos millones de votos y que esa gran consulta sobrepase los cinco millones de votos. Eso yo creo que es como una expectativa que podríamos tener”. Pero cuando hablan eso es como si Paloma no fuera a ganarle a Abelardo, como si no tuviera posibilidad.“No decimos eso, sino que obviamente hay que abrir todos los escenarios. Nosotros estamos convencidos, y tú has visto al presidente Uribe recorriendo departamentos, municipios, al lado de Paloma, hablando de sus virtudes: que quiere que sea la primera mujer presidente de Colombia, pero obviamente sin maltratar a los demás. Es que yo creo que uno puede promover candidatos propios sin necesidad de hablar mal de otro”. Usted habla de un millón y medio de votos para Paloma, y Roy Barreras menciona 1,6 millones. Las proyecciones son muy similares. ¿Parece que están viendo el mismo escenario electoral?“Sí, yo creo que ella va a ganar”. Para cerrar, ¿cree que el expresidente Álvaro Uribe logrará volver al Senado? El reto es alcanzar 25 curules. “Ese es el gran reto. La lista tiene 64 candidatos y él eligió el puesto 25 porque es retador”.