Lo que empezó con una subida de aranceles hacia Colombia por parte de Ecuador se está transformando en una tensión política y de seguridad preocupante entre ambos países. Durante su más reciente alocución, el presidente Gustavo Petro aseguró que Ecuador habría bombardeado población civil en Colombia. Según el mandatario colombiano, tiene pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión cerca de la frontera. “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.En contexto: Narcotráfico, minería ilegal y contrabando: el violento panorama en la frontera que desató la guerra comercial con EcuadorDe hecho, en su mensaje también le hizo un llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que sea mediador de la situación. Según versiones preliminares, la bomba no habría explotado y se trataría de un viejo artefacto, pero las alarmas están encendidas porque habría caído muy cerca de población civil.El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, a quien le dijo: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”.Por otro lado, el medio de comunicación ecuatoriano llamado La Hora aseguró que las incursiones militares de Ecuador en aquel territorio fronterizo cuentan con el aval tanto de Estados Unidos como de Colombia.En contexto: ¿Tregua? Colombia y Ecuador inician Operación Espejo con ayuda de Estados UnidosLa afirmación no es descabellada. El 1 de marzo, el Ministerio de Defensa colombiano confirmó la puesta en marcha de un plan piloto de integración de inteligencia con participación de Estados Unidos, enfocado exclusivamente en el control del narcotráfico en la zona limítrofe.El anuncio se produjo en Cartago, Valle del Cauca, durante un consejo de seguridad encabezado por el ministro Pedro Sánchez. La iniciativa contempla la creación de una plataforma conjunta que conecte en tiempo real a autoridades de los tres países para rastrear movimientos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.La apuesta partió de un diagnóstico compartido: la frontera se ha convertido en un corredor estratégico para el traslado de cargamentos ilícitos hacia puertos ecuatorianos y, desde allí, a mercados internacionales.De hecho, en aquel momento, el acuerdo emergió como una posible tregua entre varios países. Y es que la operación espejo confirmó la colaboración entre EE. UU. y Colombia (que llevaban meses en tensión por diferencias entre los mandatarios Petro y Trump); y, además, la estrategia propuesta atacaba la raíz del problema entre Ecuador y Colombia: el recrudecimiento del conflicto armado.Cabe recordar que los aranceles por parte de Ecuador llegaron en febrero como retaliación a lo que Ecuador considera insuficiente control fronterizo frente al crimen organizado y el narcotráfico.En contexto: Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestreDesde entonces, y a pesar de los esfuerzos diplomáticos, ambas naciones han ido incrementando los aranceles mutuos, que actualmente se encuentran en el 30%. La situación ha traído descontento del lado ecuatoriano.A inicios de marzo, el gremio de transportes de aquel país se congregó frente a la sede del gobierno para protestar en contra de los aranceles. Y es que, según sus denuncias -compartidas por el diario TeleSur- su actividad laboral ha caído en un 95% desde que inició la guerra comercial.En paralelo, un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de ambos países publicó un comunicado conjunto en el que advierte que las medidas recientes, aranceles, tasas y prohibiciones, están generando un impacto no deseado sobre las actividades productivas formales y el intercambio binacional.Entérese: Petro envía delegación a Ecuador para tratar de frenar la guerra comercial

Luego de que el Ministerio de Justicia le haya solicitado al Reino Unido celeridad en la extradición de Zulma Guzmán —mujer señalada de envenenar a dos menores en el norte de Bogotá—, ahora se investiga desde Colombia si también habría intentado envenenar a otras dos personas.Este lunes se conoció que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó recientemente a la Cancillería colombiana que le comunique al Gobierno del Reino Unido la “importancia y prioridad” que tiene para el Estado el retorno al país de Zulma Guzmán. Esto, debido a que su comparecencia ante la justicia colombiana resulta clave para evitar “escenarios de impunidad” y garantizar los derechos de las víctimas involucradas en el caso.Según un informe revelado por Noticias Caracol, la Fiscalía habría vinculado a una cómplice en el caso de Zulma, tras hallar pruebas sobre la planeación de ataques con talio. En esta nueva arista del caso, se detectaron otros tres envíos dirigidos a, por lo menos, dos mujeres más, quienes habrían sido potenciales víctimas de envenenamiento. Una de ellas, a su cuñada, de nombre Elvira. El ente acusador ya cuenta con evidencia que detalla cómo se coordinaron estas entregas de alimentos al parecer contaminados.Por ahora, la Fiscalía intenta determinar si se trata de una posible asesina serial, ya que el modus operandi —el envío de alimentos a través de plataformas— se repite en los casos en los que se adelantan las investigaciones. En cuanto a la solicitud que le remitió el ministro Jorge Iván Cuervo a la Cancillería, consignada en una carta enviada el pasado 27 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores, se pidió que, a través de los canales diplomáticos, se informe a las autoridades británicas sobre la relevancia del caso dentro de la investigación penal que adelanta la Fiscalía por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con un metal pesado.“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro en el documento.Además, en la misma misiva, el jefe de la cartera de Justicia sostuvo que la presencia de Guzmán en Colombia “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, debido a la gravedad de los hechos investigados y a la condición de las menores fallecidas.Sobre esto, Ángela Costa, directora encargada de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, en diálogo con Blu Radio, aseguró que se está “evitando a toda costa que haya impunidad”.Sobre todo, tras las demoras que ha tenido la extradición de Guzmán desde el Reino Unido a Colombia. Justamente, esta carta que se envió desde el MinJusticia se da para hacer el llamado de que el Gobierno, con esta comunicación, busca “resaltar su interés de que eso no vaya a pasar (la impunidad), pero es una decisión discrecional del gobierno del Reino Unido y, pues, estamos en espera de ello”.Lea también: MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

Tres generales del Ejército Nacional fueron llamados a calificar servicios en medio de lo que serían presuntas investigaciones internas que ya generan inquietud dentro del alto mando y del Gobierno. Se trata del general Ricardo Roque, comandante de la IV División; el general Luis Fernando Salgado, comandante de la VI División; y el general Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Brigada X, según información conocida en las últimas horas.Aunque oficialmente no se han revelado los motivos de fondo, fuentes consultadas señalaron que la decisión estaría relacionada con situaciones consideradas delicadas al interior de la institución, las cuales no habrían sido bien recibidas por el Gobierno nacional. En ese contexto, el llamado a calificar servicios marca un remezón en la estructura de mando en varias regiones estratégicas del país.Lea también: Fiscalía tomaría declaración de Pipe Tuluá por presuntos aportes a campaña Petro PresidenteDe acuerdo con la información preliminar, los hechos bajo revisión tendrían la suficiente gravedad como para que ya se estén preparando expedientes con destino a la Fiscalía General de la Nación, lo que abriría la puerta a eventuales investigaciones de carácter penal. El relevo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que varios de los oficiales llevaban poco tiempo en sus cargos.El brigadier general Ricardo Roque había asumido el mando de la Cuarta División en noviembre de 2025, tras más de tres décadas de servicio en la institución. Desde esa posición tenía bajo su responsabilidad la seguridad en zonas clave como Meta, Guaviare y Vaupés, territorios estratégicos por la presencia de grupos armados y economías ilegales.Por su parte, el brigadier general Luis Fernando Salgado llegó a la Sexta División en noviembre de 2024, con jurisdicción en departamentos sensibles del sur del país como Caquetá, Putumayo y Amazonas, además de un municipio del Cauca. Su gestión estaba enfocada en el control territorial en áreas históricamente afectadas por el conflicto armado.Conozca: “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, CórdobaEn el caso del brigadier general Jorge Ricardo Hernández, su designación como comandante de la Brigada X se produjo en agosto de 2025. Desde allí tenía a su cargo 14 batallones desplegados en el norte del país, con la misión de ejecutar el Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a fortalecer la estabilidad y contrarrestar las amenazas a la seguridad en esa región.Mientras tanto, se espera que en las próximas horas el Gobierno nacional oficialice la salida de los tres oficiales y entregue detalles sobre las razones que motivaron la decisión. Paralelamente, ya comienzan a definirse los reemplazos en la cúpula militar. Según se conoció, el general Yor William Cotua asumiría el mando de la IV División, en reemplazo del general Roque.Cotua nació en Medellín el 3 de diciembre de 1973. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1992 y egresó como subteniente del Arma de Infantería en 1993.A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos dentro del Ejército, entre ellos jefe de Operaciones de la Brigada de Comandos en 2015, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Brigada de Comandos en 2016 y, en 2017, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Regimiento de Fuerzas Especiales No. 1, unidad que posteriormente comandó ese mismo año. En 2020 fue designado jefe de Estado Mayor de la División de Fuerzas Especiales, cargo que ocupó durante cinco meses antes de ser nombrado agregado militar en Washington. Posteriormente, en 2022, fue seleccionado para adelantar el Curso de Altos Estudios Militares y luego designado comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, responsabilidad que desempeñó hasta 2024, cuando el Comando Superior lo nombró comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva en Putumayo. Durante su trayectoria, el brigadier general Cotua Muñoz ha participado en 20 de las operaciones militares de mayor nivel e importancia del país, entre ellas la Operación Esperanza, y en su hoja de vida se destacan 36 condecoraciones militares.El general Cotua se desempeña actualmente como comandante en el Fuerte Militar de Larandia ubicado en el área general del municipio de La Montañita, Caquetá, tras pasar por la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, en el departamento del Putumayo.

El caso de Catalina Giraldo Silva, la psicóloga de 30 años que busca acceder al suicidio médicamente asistido en Colombia por graves trastornos mentales, ha generado un intenso debate en el país. Sin embargo, una de las voces que más ha conmovido en esta historia es la de su madre, María Ángela Silva, quien asegura que, pese al dolor que implica, acompaña la decisión de su hija después de años de presenciar su sufrimiento.En contexto: Mujer con trastorno mental busca que su EPS autorice el suicidio médicamente asistido“Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella, ella no está viviendo dignamente”, afirmó la mujer en una entrevista a Juan David Laverde de Noticias Caracol, al referirse a las dificultades que su hija ha enfrentado durante años a causa de sus trastornos de salud mental.Según relató, ha sido testigo del deterioro de Catalina desde la adolescencia y de los múltiples intentos por encontrar un tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida. Para ella, ver a su hija atravesar ese dolor constante ha sido una experiencia profundamente difícil.“Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija”, expresó. “Ella está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz y ella está sufriendo”.María Ángela asegura que acompañar a su hija en la decisión que ha tomado es, para ella, una forma de amor. “¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento, cuando yo la ayudé a llegar a este planeta?”, dijo.Lea aqui: Así es el plan que adoptó Colombia para prevenir conducta suicida; ¿de qué se trata?Aunque reconoce que aceptar esa posibilidad es doloroso, afirma que su prioridad es que Catalina deje de sufrir. Al mismo tiempo, no pierde completamente la esperanza de que algo cambie.“Yo estoy tomando una decisión de acompañar a mi hija, pero eso no quiere decir que no quiera que pase un milagro”, señaló.Mientras el caso avanza en la justicia, la madre sostiene que estará al lado de su hija en cualquier escenario. “Si me lo permiten, yo le sostendré una mano y con la otra ella tendrá que tomar su decisión”, afirmó.La historia de Catalina ha abierto un debate inédito en Colombia sobre el derecho a morir dignamente en casos de trastornos mentales. La mujer fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.Lea aquí: Secretario de Itumbiara mató a sus dos hijos y se suicidó en Goiás, BrasilDe acuerdo con su testimonio, durante años ha intentado distintos tratamientos psiquiátricos y psicológicos sin lograr una mejoría significativa. Ha pasado por nueve hospitalizaciones psiquiátricas, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y más de 40 esquemas farmacológicos.Tras ese largo recorrido médico, en octubre de 2025 solicitó a su EPS, Sanitas, acceder al suicidio médicamente asistido, un procedimiento en el que el médico proporciona el medicamento para poner fin a la vida, pero es el propio paciente quien lo administra.Sin embargo, la solicitud fue negada debido a que esta práctica aún no cuenta con una reglamentación clara en Colombia, pese a que la Corte Constitucional la despenalizó en 2022.Ante esta situación, Catalina interpuso una acción de tutela con el objetivo de que su caso sea estudiado y se establezcan reglas claras para aplicar este procedimiento en el sistema de salud.Mientras espera la decisión de la justicia, su madre insiste en que seguirá acompañándola. Para ella, más allá del debate jurídico o ético, lo que pesa es el sufrimiento que ha visto en su hija durante años y el deseo de que, de una u otra forma, ese dolor termine.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió este lunes sobre la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño se desarrolle en Colombia durante la segunda mitad de 2026. Aunque aún es temprano para confirmar oficialmente el evento, las autoridades ambientales iniciaron un proceso de seguimiento preventivo y socialización del posible escenario climático.Conozca: Un rayo mató a Luis Emilio en pueblo de Antioquia: van más de 120 víctimas en 18 añosLa alerta fue emitida en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que explicó que varios centros internacionales de predicción climática han detectado señales en el sistema océano-atmósfera que apuntan a una transición hacia condiciones asociadas a este fenómeno.Según las proyecciones actuales, existe una alta probabilidad de que el evento se consolide entre junio y agosto de 2026, con la posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta finales del año. Por esta razón, las autoridades comenzaron a preparar a las instituciones y a las regiones para enfrentar posibles cambios en el comportamiento del clima.Lea aquí: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, explicó que aunque todavía no se ha declarado oficialmente el fenómeno, el aumento en la temperatura del océano Pacífico es una señal que obliga a activar mecanismos de prevención.Según la funcionaria, informar de manera temprana permite anticipar riesgos, preparar a las autoridades locales y reducir posibles impactos en las comunidades.Los análisis del Ideam indican que el monitoreo del Pacífico ecuatorial muestra un calentamiento progresivo durante los últimos meses. Los modelos climáticos señalan que las anomalías de temperatura en la región conocida como Niño-3.4 podrían alcanzar cerca de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial del fenómeno.Lea aquí: Niños adictos a las drogas: Incrementó consumo en Bogotá y otras ciudadesDe acuerdo con las autoridades, entre abril y agosto podría registrarse una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos en varias regiones del país. Esta disminución podría intensificarse durante el segundo semestre si finalmente se consolidan las condiciones típicas de El Niño.La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que el monitoreo permanente del sistema climático permite anticipar estos escenarios y fortalecer las estrategias de preparación.Explicó que actualmente el planeta se encuentra en una fase de transición hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, pero varios indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un calentamiento sostenido del Pacífico ecuatorial.Por ello, el instituto continuará vigilando variables como la temperatura del océano y el comportamiento de los vientos alisios. Si las condiciones cambian o se confirma el fenómeno, el IDEAM emitirá alertas tempranas para que los sectores productivos y las autoridades regionales adopten medidas preventivas, especialmente ante la posible disminución de lluvias en regiones como el Caribe, la Andina y el Pacífico.

Con facturas en mano –que suman $4’225.056 para bebidas alcohólicas, jamón ibérico y hasta pulpo a la parrilla–, este lunes denunciaron otra presunta irregularidad en el Sistema de Medios Públicos (RTVC). Se trata del supuesto pago, con dineros públicos, de suntuosas cenas y consumo de licor como whisky, aguardiente y vino. Detrás de la alerta se encuentra el representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático), quien reveló dos facturas –una por $1’907.667 y otra por $2’317.389– que, al parecer, se pagaron a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural para costear alimentación y consumo de bebidas alcohólicas. Según Briceño, “los gastos en trago, whiskey y costosas cenas se legalizaron en RTVC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como ‘gastos de producción’ de un contrato de prestación de servicios de una persona natural”. En efecto, al revisar el portal de contratación pública SECOP, se evidencia que el contrato –que asciende a $30 millones– tenía como objeto “desarrollar actividades de producción general para las necesidades de RTVC”, y estuvo vigente durante tres meses, entre octubre y diciembre del año pasado. Lea también: Presidencia entregó $1.500 millones a RTVC para divulgar los “logros” de Francia MárquezEntre otras, el congresista electo reveló una comunicación dirigida a Ana María Montaña, directora del Canal Señal Colombia, en el que se legalizan los gastos de producción conexos al contrato por un valor de $13’900.000. Allí se habrían incluido las facturas que superan los $4 millones. Una de las facturas, que data del pasado 1 de noviembre, en un exclusivo restaurante del norte de Bogotá, evidencia la compra de lo que serían 12 tragos de aguardiente, seis de whiksy y tres botellas de vino, sumado a una propina por $161.667. En total, la factura –emitida a nombre de RTVC– asciende a $1’907.667. La otra factura corresponde a la compra de agua de marca San Pellegrino por valor de $21.000, jamón de bellota (por $236.000), crudo de atún, pulpo a la parrilla o salchicha de cordero. La factura, también a nombre de RTVC, suma $2’317.389, incluida una propina de $196.389. Ante la controversia, el gerente de RTVC, Hollman Morris, reclamó que esas facturas “fueron sacadas de contexto” y que los gastos a los que se refieren están relacionados con una recepción que se ofreció a una delegación de 10 personas relacionadas con el sector cultura del régimen de Venezuela. Lo anterior, en el marco de la Primera Muestra Binacional de Cine “Somos hermanos”, que se desarrolló entre el 1 y 5 de noviembre de 2025, bajo la batuta de RTVC y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. El objeto del evento, según el canal público, fue la “unión cultural de dos naciones que comparten historia, raíces y una profunda vocación por el arte”. “El contexto de esas facturas es que se invita, ni nada más ni nada menos, al ministro de Cultura venezolano, a una delegación de cultura de ese país, para hacer la presentación de ‘Somos hermanos’, que se hizo el año pasado (...) para atenderlos se invitó a una cena que tuvo esos costos. Como también el gobierno venezolano cuando nos invitó a presentar ‘Chibiriquete’ en Caracas tuvo la decencia, la formalidad, de organizar una recepción de bienvenida a los directores de cines y documentales colombianos”, explicó Morris en diálogo con la emisora Blu Radio. No obstante, el gerente de RTVC alegó que contra el Sistema hay “una campaña sistemática de desprestigio que se queda solo en titulares de prensa” por parte de Briceño. Incluso, sostuvo que el congresista electo actúa bajo “intereses políticos” y es un dirigente de oposición dedicado a atacar a RTVC. Morris recordó que en enero adoptó “acciones judiciales y disciplinarias” contra Briceño, a quien acusó de buscar “desprestigiar, afectar la credibilidad y reputación de la entidad”. “Con cerca de 100 publicaciones vinculando a RTVC, sus funcionarios y contratistas con conductas criminales, Daniel Briceño ha calificado: RTVC es una banda criminal, se persiguen opositores, se acosan mujeres, se ataca a quien piensa distinto, se manda a chuzar, se patrocina el vandalismo y se extorsionan a contratistas y funcionarios, constituyendo de esta manera manifestaciones de violencia política, atacando el ejercicio periodístico, afectando la honra y el buen nombre de todo el Sistema”, señaló. Meses atrás, el propio Briceño reclamó que RTVC le habría entregado $455’400.000 a una empresa propiedad de la esposa de Eduardo Montealegre, exministro de Justicia y del Derecho en el gobierno de Gustavo Petro. La intención del contrato es demandarlo por “los señalamientos sistemáticos en contra de RTVC”. “La persecución le sale muy cara a los impuestos de los colombianos”, escribió Briceño, al mismo tiempo que mostraba un contrato cuya ejecución será de 11 meses. Esto surge luego de una serie de revelaciones por parte del congresista, en las que expuso que algunos trabajadores de RTVC estarían siendo condicionados en su estabilidad laboral a cambio de apoyo político al Gobierno. La denuncia se conoce pasada una semana desde que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) aseguró que en las elecciones del 8 de marzo hubo desequilibrios en la cobertura, especialmente en los medios públicos, al tiempo que cuestionó los señalamientos del presidente sobre el proceso electoral. Lea también: Mientras gobierno financia película de almirante Padilla con $8.104 millones, sector audiovisual se marchitaSegún el informe, “la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, favorecieron al presidente, al Gobierno y a los partidos que lo apoyan”, mientras que la oposición tuvo una presencia más limitada.

Después de 8 meses de investigación, el Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en coordinación con Interpol en Caracas, lograron rescatar del entorno de abuso a 3 niñas y capturar a su madre, quien se movía entre Cúcuta (Norte de Santander) y Ureña (Venezuela).La mujer en el 2023 grabó a sus pequeñas mientras eran abusadas sexualmente para posteriormente comercializar los videos en internet.Entérese: Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazóPara la fecha de los hechos, las niñas tenían 7, 11 y 13 años. La investigación nace en junio del año pasado cuando se identificaron 24 videos e imágenes de abuso sexual infantil. A través de los metadatos de los videos, se estableció que los mismos fueron grabados en la ciudad de Bucaramanga; información corroborada posteriormente en la entrevista forense a una de las niñas rescatadas.Se hallaron 12 perfiles en Facebook y TikTok, asociados a las víctimas y a la agresora, estableciendo características morfológicas evidenciadas en los videos, tales como tatuajes, lunares y marcas de nacimiento. El 28 de enero pasado las autoridades de ambos países lograron identificar plenamente a la madre, estableciendo que las niñas habían estudiado en el 2025 en Cúcuta. El 26 de febrero de 2026, la madre de las niñas huyó desde de Bucaramanga donde trabajaba como costurera, a la ciudad fronteriza de Ureña en Venezuela.El 4 de marzo pasado en Cúcuta se realizó el restablecimiento de derechos de la primera niña rescatada. Se generó notificación azul de INTERPOL, lo que permitió que diez días después se rescatara a las otras dos niñas en Ureña el 13 de marzo de 2026. Le puede interesar: Capturaron a israelí en una casa de El Poblado: habría estado con dos menores de edadPor su parte, la mamá de las pequeñas abusadas estaba escondida a 300 metros de donde fueron rescatadas las víctimas en una casa familiar de su actual pareja sentimental, siendo capturada el 14 de marzo de 2026.El 16 de marzo de 2026, se le imputará en Venezuela los delitos asociados a abuso sexual infantil en internet, de acuerdo a la legislación de ese país, donde podría pagar una pena superior a los 18 años de cárcel.Cifras de Medicina Legal en Colombia dan cuenta que, en enero pasado, las cifras de exámenes médico-legales por presunto delito sexual en la población infantil y adolescente mostraron una disminución del 14,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según los registros preliminares, el total de casos reportados en comienzo de año pasó de 1.102 en 2025 a 938 en 2026. Aunque esta reducción de 164 casos representa un descenso estadístico, el análisis detallado por género confirma que las niñas y adolescentes siguen siendo el grupo más vulnerable ante este tipo de violencia. Entérese: Informe revela que más de 1.600 niñas menores de 14 años fueron madres en Colombia durante 2025En enero de 2026, las niñas representaron el 86,5 % del total de los casos (812 registros), una proporción que se mantiene casi inalterada respecto al año anterior. Por su parte, los casos que involucran a niños descendieron de 155 a 126.

Ante los incidentes registrados recientemente en la operación aérea en Colombia, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, le solicitó este lunes 16 de marzo a la Aerocivil presentar un informe técnico sobre los hechos ocurridos.Le puede interesar: Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El DoradoEl análisis en cuestión fue elaborado a partir de una revisión técnica que incluyó 64 registros de radar y 915 datos provenientes del sistema de comunicaciones con la torre de control, donde han intervenido ante situaciones inusuales.A partir de esta información, fue reconstruido lo ocurrido durante todo este tiempo, insumo que el Ministerio de Transporte utilizará para implementar recomendaciones que permitan prevenir este tipo de situaciones.“No podemos caer en especulaciones ni permitir improvisaciones en un tema tan serio como la seguridad aérea. Por eso solicitamos este informe técnico a la Aerocivil, que ya nos fue presentado y que servirá como base para adoptar las medidas necesarias y seguir fortaleciendo los estándares de seguridad operacional en el país”, puntualizó la ministra María Fernanda Rojas.Frente al incidente del pasado 13 de marzo, que involucró una aeronave del Ejército Nacional, la Aeronáutica Civil informó que el análisis técnico continúa en curso, dado que este tipo de investigaciones requiere la revisión detallada de múltiples registros operacionales y técnicos.El Ministerio destacó que en las próximas horas serán presentados los detalles del incidente del 20 de febrero y se anunciarán las acciones adoptadas para fortalecer la seguridad aérea.El pasado 13 de marzo a eso de las 11:00 de la mañana, un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó presuntamente dos veces la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización, en medio de operaciones de vuelos comerciales y con aeronaves en aproximación y despegue.En algunos audios revelados por Caracol Radio, quedó registrado el hecho en donde se escuchó la tensión entre la operadora aérea y el piloto de la aeronave militar mientras el helicóptero atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, una de las utilizadas por aviones comerciales para aterrizajes y despegues.“No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, se escuchó decir a la controladora en uno de los momentos más críticos de la comunicación. A raíz de esto, la funcionaria le pidió al piloto que se dirigiera a una cancha de fútbol del Ejército para realizar el descenso sin interferir con el tráfico aéreo.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones y señaló que la explicación oficial deberá ser entregada por la Aeronáutica Civil de Colombia, autoridad encargada de regular la operación aérea en el país. Esta entidad se pronunció en su momento por un comunicado.“Prefiero que se investigue muy bien qué ocurrió. En el audio se puede inferir que se estaba hablando de dos lugares diferentes, lo que pudo producir la confusión”, afirmó el ministro. Según las palabras de la controladora y el piloto, el caso podría reflejar una confusión en el punto de aterrizaje.El caso ha generado inquietud porque no es el primer incidente en El Dorado. Hace menos de un mes, un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.También le puede interesar: Video | Avión que cubría ruta San Andrés - Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó posible tragedia

Varios disparos generaron pánico y caos este lunes 16 de marzo en la comunidad de la localidad de Salitre, al occidente de la ciudad de Bogotá. Un ataque sicarial ocurrió precisamente en la avenida La Esperanza con carrera 69d, a eso de las 2:00 p.m.Le puede interesar: Por encontrar oro habrían matado a los dos policías en el peaje de CundinamarcaUn hombre de aproximadamente 50 años fue interceptado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta, quienes acabaron con su vida ante la mirada de transeúntes y residentes de esta exclusiva zona de la capital.Según fuentes consultadas por El Tiempo, el hombre fue identificado como Néstor Harry Acosta Leal. La víctima contaba con una trayectoria profesional en el sector público, habiéndose desempeñado como profesional especializado en la Empresa de Acueducto de Bogotá.Acosta Leal no era un desconocido para el sector. Según los registros obtenidos, residía en el barrio desde hacía cerca de dos décadas y figuraba como propietario de tres apartamentos ubicados en Salitre, situados a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque.Testigos en la zona le dijeron a El Tiempo que Acosta Leal había llegado al punto del atentado unos 10 minutos antes de la agresión. Los sicarios, tras identificarlo, se acercaron para entablar un breve contacto previo a la ejecución.“Uno de los sicarios habló con él y cuando el señor se devolvió al andén, el delincuente le dio dos disparos”, detalló un testigo de los hechos al medio mencionado y a las autoridades. Acosta Leal vivía en el sector desde hacía 20 años sin tener “problemas” con nadie, añadió.Tras propinarle los impactos de bala, los atacantes emprendieron la huida en la motocicleta por las vías principales del sector, sin que hasta el momento se haya reportado su captura por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.Las unidades de criminalística y la Policía Metropolitana de la capital se desplazaron al sitio en el occidente de Bogotá para recolectar material probatorio y diferentes testimonios que puedan ayudar a esclarecer el caso.Los investigadores continúan verificando los movimientos previos de Acosta Leal para determinar si el exfuncionario fue citado en esa dirección bajo algún pretexto o si se trataba de un trayecto habitual en su rutina diaria.“El agente lo estaba ayudando, ayudando, él duró alrededor de unos 10, 12 minutos vivo y ya después falleció. La ambulancia nunca llegó”, detalló otro testigo a Blu Radio, sobre los últimos momentos de la víctima.La zona del asesinato permanece bajo vigilancia mientras se revisan las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape de los responsables de este crimen que causó miedo al occidente de la ciudad.También le puede interesar: ¿Lo confundieron? Nueva hipótesis sobre el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

En medio de un consejo de ministros este 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro volvió a decir que todas las EPS quebradas deben liquidarse. “Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas”, aseveró.A renglón seguido, le echó la culpa al Congreso, otra vez, por no aprobar su reforma a la salud. También cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender el decreto que traslada a seis millones de usuarios a las EPS intervenidas y no intervenidas; en su mayoría, a la Nueva EPS.Pero Petro no se rinde. Volverá a presentar la reforma a la salud el 20 de julio, junto con otra reforma tributaria, cuando se posesione el nuevo Congreso y a pocos días de que se posesione un nuevo presidente.Lea también: Otro paciente murió en Colombia esperando medicina para leucemia: la historia de Jeisson PinzónSi bien el presidente tiene la potestad legal para liquidar las EPS, es un camino riesgoso para el sistema que ya se encuentra en crisis.En enero había dicho que “es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”. Esto, en referencia a un concepto que emitió el Consejo de Estado sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de las EPS. Sin embargo, no lo ha hecho.La alta corte determinó —tras una consulta del Ministerio de Salud— que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores.Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones.La afirmación de Petro, entonces, se basó en ese pronunciamiento. Pero el Consejo de Estado habla de una posibilidad, mas no de una obligación.Es decir, no es una camisa de fuerza para las EPS, lo que significa que no siempre tendrán que hacerlo, sino cuando sea necesario. Y, además, que no es ilegal hacerlo.La posibilidad que expuso el jefe de Estado el lunes le agrega más incertidumbre y tensión a un sector golpeado por la crisis financiera y el debilitamiento de la confianza entre actores.Y se lo suma porque es un escenario que puede darse legalmente y en el que el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Salud, tiene la sartén por el mango.En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, explicó que cuando a una EPS la intervienen para administrarla, el tiempo de esa medida se extiende “hasta que las condiciones de habilitación se corrijan”, es decir, los indicadores financieros y de salud.“Se supone que tiene que haber una mejoría en esos indicadores y que eso debe derivar en que la saquen de la intervención, pero si eso no sucede, tienen que liquidarlas”, añadió.En ese sentido, recordó que los resultados de las aseguradoras intervenidas suman patrimonio negativo de $14 billones, lo cual “no hay cómo corregirlo”, y que la única posibilidad de hacerlo es que alguien entre a invertir, “pero eso no va a pasar”.En un panorama en donde esas empresas están golpeadas en sus finanzas e imagen reputacional, ¿quién tomaría el riesgo de invertir dinero?Lea también: Pacientes con trasplantes denuncian crisis en Nueva EPS: demoras por más de 260 díasAsí las cosas, las condiciones estarían dadas para liquidarlas, pues ese patrimonio negativo muestra que las intervenciones no han mejorado los indicadores y ese sería el paso siguiente.Pero aquí surgen las preguntas: ¿por qué no lo han hecho y por qué el presidente reitera esa posibilidad?“Lo pueden hacer y, desde una mirada imparcial, lo deberían hacer, pero no tienen cómo ni tampoco EPS capaces de recibir a esa población. La situación es un monstruo que ellos crearon y ahora no saben qué hacer porque el deterioro financiero fue total”, expresó Vesga.Un botón de muestra es Sanitas EPS, que estuvo intervenida desde abril de 2024 hasta junio de 2025 e incrementó sus pérdidas en $1 billón.Por su parte, el profesor y economista de la salud, Paúl Rodríguez, expresó a EL COLOMBIANO que para liquidar una EPS se necesita un concepto de la Superintendencia de Salud para poder quitarla de operación.“Lo más común es que haya intervención cuando la aseguradora esté muy mal y el resultado casi siempre ha sido una liquidación. En este caso, las intervinieron cuando no estaban tan mal y el sustento para ello está discutido”, dijo.Con la claridad de que el Gobierno sí puede liquidar a las intervenidas, salta a la vista otra pregunta: ¿los afiliados para dónde irían?Normalmente, cuando una EPS es liquidada, sus usuarios son trasladados y reasignados a las demás, teniendo en cuenta las zonas de operación y el nivel de competencia. Sin embargo, el experto Rodríguez califica que esa situación sería “inimaginable”, con el antecedente de Saludcoop.Esa EPS tenía 5,2 millones de usuarios, entró en liquidación y desapareció en 2016. Esa población fue reasignada a las aseguradoras Medimás y Cafesalud. Ambas también desaparecieron después de eso. Ese panorama, a juicio de Rodríguez, replicado en las situaciones y condiciones actuales “sería un desastre de proporciones bíblicas”.Habrá que esperar si las palabras de Petro fueron, una vez más, uno de sus tantos comentarios al aire cuando habla en público, una orden al ministro de Salud o una forma de hacer presión. El tiempo dará las respuestas.Bloque de preguntas y respuestas